Una crisis habitacional sin precedentes
En 2024, la crisis de vivienda en España alcanzó niveles críticos, afectando especialmente a las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Según datos recientes, los alquileres en el centro de Madrid han aumentado un 21% en un solo año, con precios que raramente bajan de los 2.000 euros mensuales por viviendas de tres habitaciones. Esta escalada de precios, combinada con una oferta insuficiente, ha dejado a miles de familias y jóvenes al borde de la exclusión residencial. En el contexto europeo, más de 93 millones de personas, incluyendo a una proporción significativa en España, se encontraron en riesgo de pobreza o exclusión social en 2024, según Eurostat.
El problema no es nuevo, pero se ha agravado por una combinación de factores: la especulación inmobiliaria, el auge del alquiler turístico, la escasez de suelo edificable, el aumento de la demanda y un parque de vivienda social extremadamente reducido, que representa solo el 2,5% del total en España, frente al 9% de media en la Unión Europea. Además, el Banco de España estima que España necesita entre 450.000 y 600.000 viviendas nuevas para 2025 para satisfacer la demanda, pero en 2024 apenas se iniciaron 127.500 construcciones, muy por debajo de las 200.000–300.000 necesarias anualmente.
Esta situación ha generado un profundo malestar social, con manifestaciones masivas en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia e Ibiza, donde decenas de miles de personas han exigido soluciones urgentes. El 5 de abril de 2025, las protestas simultáneas en unas 40 ciudades españolas reflejaron la frustración de la población ante la inaccesibilidad de la vivienda y la percepción de que las medidas gubernamentales son insuficientes.
Impacto social y económico
La crisis de vivienda no solo afecta a los bolsillos, sino que tiene profundas implicaciones sociales y económicas. Según el Banco de España, el 48,9% de los inquilinos en España están en riesgo de pobreza o exclusión social, la mayor proporción en la UE, frente al 30% en países como Francia o Alemania. Además, el 40,9% de los inquilinos destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler, lo que limita su capacidad de ahorro, afecta su estabilidad y deteriora su salud mental. En Madrid, por ejemplo, los alquileres en la corona metropolitana oscilan entre 1.200 y 1.500 euros para viviendas de tres habitaciones, mientras que los salarios no han seguido el ritmo de estas subidas.
Los jóvenes son los más afectados, con una edad promedio de emancipación en España de 30,4 años, la cuarta más alta de la UE. Esta situación perpetúa la desigualdad, ya que, como señaló el diputado socialista Víctor Camino, “la vivienda explica el 70% de la desigualdad en este país”. La falta de acceso a una vivienda asequible también frena la movilidad laboral y el crecimiento económico, según advierte la Comisión Europea.
Medidas del gobierno español para abordar la crisis
El gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido la gravedad de la crisis y ha implementado una serie de medidas para intentar mitigarla, aunque los resultados hasta ahora han sido limitados. Entre las principales iniciativas se encuentran:
- Creación de una empresa pública de vivienda
El gobierno ha anunciado la transformación de Sepes en una nueva empresa pública que gestionará la construcción de “miles de viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible” en terrenos estatales de dos millones de metros cuadrados. Esta iniciativa busca aumentar el parque de vivienda pública, que actualmente es insuficiente. Sin embargo, a abril de 2025, solo se han entregado unas 350 viviendas públicas, muy por debajo de las 244.000 prometidas. - Regulación del mercado de alquiler
La Ley de Vivienda de mayo de 2023 introdujo medidas como el control de precios en zonas tensionadas, la creación de registros de grandes tenedores y la protección contra desahucios. Sin embargo, su implementación depende de las comunidades autónomas, y solo Cataluña, País Vasco y Navarra han aplicado zonas tensionadas. En Cataluña, los alquileres han bajado entre un 3% y un 5%, pero en Madrid, donde no se aplican estas medidas, los precios han seguido subiendo. El gobierno también planea regular los alquileres de temporada y por habitaciones para evitar fraudes. - Aumento de la oferta de vivienda
El Plan Estratégico para la Construcción Industrializada (PERTE) prevé una inversión de 1.300 millones de euros hasta 2035 para construir hasta 20.000 viviendas al año mediante métodos sostenibles. Además, se han anunciado licitaciones para más de 10.000 viviendas en varias comunidades autónomas, aunque los resultados aún no son significativos. - Restricciones a los alquileres turísticos y compras extranjeras
Para liberar viviendas para los residentes, el gobierno ha eliminado la “Golden Visa”, que otorgaba permisos de residencia a no europeos por inversiones inmobiliarias superiores a 500.000 euros. También se ha propuesto un impuesto del 100% a las compras de propiedades por parte de extranjeros no residentes fuera de la UE, ya que en 2023 se adquirieron 27.000 viviendas con fines especulativos. Asimismo, se planea endurecer las regulaciones sobre los alquileres turísticos, que reducen la oferta de vivienda a largo plazo. - Incentivos fiscales y ayudas directas
Se ofrecen exenciones fiscales para propietarios que alquilen a precios acordes con el índice de referencia, incluso en zonas no tensionadas. Además, se han implementado avales ICO para cubrir el 20% de la entrada en hipotecas para jóvenes y familias con menores, así como un bono de alquiler para jóvenes, aunque este ha sido criticado por beneficiar más a los propietarios que a los inquilinos. - Rehabilitación y movilización de viviendas vacías
El gobierno promueve la rehabilitación de edificios para mejorar la eficiencia energética y crear nuevos espacios habitables. También se propone un registro nacional de viviendas vacías para fomentar su uso en programas de alquiler social mediante incentivos fiscales.
Retos y críticas
A pesar de estas medidas, la implementación ha sido lenta y los resultados, insuficientes. Organizaciones sociales y expertos critican la falta de coordinación entre el gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, así como la demora en la ejecución de los planes. La Comunidad de Madrid, liderada por el Partido Popular, se opone a las zonas tensionadas, argumentando que reducen la oferta de alquiler, mientras que el gobierno central insiste en su eficacia. Además, la construcción de nuevas viviendas no alcanza el ritmo necesario para cubrir el déficit estimado de 3 a 3,7 millones de viviendas en los próximos 15 años.
Por otro lado, movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) denuncian que las medidas no abordan la raíz del problema: la especulación y la falta de un parque de vivienda social comparable al de otros países europeos, como Francia (14%) o los Países Bajos (34%). Las protestas ciudadanas exigen soluciones más contundentes, como una regulación más estricta del alquiler turístico, la movilización de viviendas vacías y la paralización de desahucios sin alternativa habitacional.
Mirando hacia el futuro
La crisis de vivienda en España requiere un enfoque integral que combine soluciones a corto y largo plazo. La Comisión Europea ha instado a España a modernizar la Ley del Suelo, reducir los plazos de licencias, abordar el déficit de mano de obra en la construcción y controlar el alquiler turístico. Modelos internacionales, como el de Italia, que combina incentivos fiscales con precios de alquiler acordados, o el de Viena, con un amplio parque de vivienda social, podrían servir de inspiración.
Para garantizar el derecho a una vivienda digna, España necesita aumentar significativamente la construcción de vivienda pública, mejorar la regulación del mercado y fomentar la colaboración público-privada. Sin medidas estructurales, los precios seguirán subiendo, y la crisis habitacional continuará afectando a millones de personas, profundizando la desigualdad y la exclusión social.
En conclusión, aunque el gobierno español ha tomado pasos importantes, la magnitud de la crisis exige una acción más coordinada y ambiciosa. La vivienda no solo es un problema económico, sino un derecho fundamental que debe ser prioritario para evitar una sociedad dividida entre “propietarios ricos e inquilinos pobres”, como advirtió Pedro Sánchez.
